Nueva normativa de la CMF obliga a comunidades y edificios a replantear sus seguros inmobiliarios

El mercado inmobiliario chileno comenzó a enfrentar un nuevo escenario regulatorio tras la entrada en vigencia de la normativa emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que redefine la forma en que deben estructurarse los seguros en edificios residenciales y condominios de oficinas.

La disposición, que comenzó a aplicarse el 1 de junio de 2026, se enmarca dentro de la Ley de Copropiedad 21.442 y busca fortalecer la transparencia, claridad y continuidad operativa de las comunidades inmobiliarias frente a eventuales siniestros.

Según explican desde Seguros CCS, uno de los principales impactos recaerá sobre administradores, comités y copropietarios, quienes deberán revisar el estado y alcance real de sus pólizas actuales para ajustarse a las nuevas exigencias del regulador.

Bienes comunes y unidades privadas: ahora deberán diferenciarse claramente

La normativa establece que los bienes y espacios comunes de un edificio deberán mantenerse asegurados obligatoriamente por la comunidad, mientras que las unidades privadas —como departamentos u oficinas— podrán contar con seguros individuales o incorporarse dentro de pólizas colectivas.

Uno de los cambios más relevantes apunta a la forma en que las aseguradoras deberán presentar la información. Desde ahora, las pólizas tendrán que detallar de manera separada y transparente las coberturas asociadas a áreas comunes, unidades privadas y adicionales contratados.

El objetivo es que las comunidades comprendan con mayor precisión qué riesgos están efectivamente cubiertos y cuáles quedan excluidos.

“Uno de los aspectos que genera más consultas es la posibilidad de excluirse de un seguro colectivo. Lo que establece la normativa es que los bienes comunes deben permanecer asegurados en todo momento y para toda la comunidad. La eventual exclusión de un copropietario solo puede referirse a la parte correspondiente a su unidad privada”, señala Claudia Escobar, gerente comercial de Seguros CCS.

Reparación rápida y resguardo del valor inmobiliario

Otro de los focos centrales de la regulación es garantizar la continuidad operativa de los inmuebles luego de un siniestro.

En ese contexto, la CMF establece que las indemnizaciones asociadas a daños parciales en oficinas o departamentos deberán destinarse prioritariamente a la reparación física de las unidades afectadas, favoreciendo la recuperación del inmueble y evitando deterioros prolongados en su valor comercial.

Asimismo, el seguro comunitario podrá ser utilizado como respaldo ante instituciones financieras, siempre que las coberturas contratadas cumplan con estándares equivalentes a los exigidos individualmente por los bancos para créditos hipotecarios.

El desafío: evitar quedarse solo con la cobertura mínima

Pese a las nuevas obligaciones, especialistas del sector advierten que cumplir únicamente con lo exigido por la CMF podría resultar insuficiente para muchas comunidades.

“Es importante considerar que cumplir con la normativa de la CMF establece un estándar mínimo de protección para la copropiedad, pero no necesariamente cubre todos los riesgos propios de la operación diaria de un edificio”, advierte Escobar.

Entre los riesgos que podrían requerir coberturas adicionales aparecen la interrupción de operaciones, daños provocados por eventos naturales severos o afectaciones a infraestructura tecnológica y equipamiento compartido.

Por ello, desde Seguros CCS recomiendan que las administraciones realicen auditorías preventivas de sus pólizas actuales y evalúen las necesidades específicas de cada comunidad, especialmente en edificios de alta complejidad operativa o con infraestructura crítica.