Oposición prepara ofensiva constitucional contra normas ambientales de la megarreforma de reconstrucción

La discusión de la denominada megarreforma de reconstrucción comenzó a elevar la tensión política en el Senado. En el inicio del análisis en particular de la iniciativa en la Comisión de Medio Ambiente, un grupo de parlamentarios de oposición anunció que estudia presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), argumentando que algunas de las disposiciones ambientales del proyecto serían incompatibles con la Carta Fundamental.

Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Ricardo Celis (PPD) y Diego Ibáñez (FA) ingresaron 22 indicaciones para modificar el articulado, con el objetivo de reforzar la protección ambiental y eliminar normas que consideran regresivas para la institucionalidad vigente.

Cuestionamientos a las normas ambientales

Los parlamentarios sostienen que el proyecto incorpora disposiciones que representan un retroceso en materia de protección ambiental y que requieren una revisión más profunda antes de su eventual aprobación.

Entre las modificaciones propuestas destacan cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, un fortalecimiento de la protección de áreas protegidas y ajustes a las normas relacionadas con la invalidación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Uno de los puntos que concentra mayores críticas es la disposición que establece compensaciones económicas para privados cuando una Resolución de Calificación Ambiental es posteriormente invalidada.

Posible requerimiento ante el Tribunal Constitucional

El senador Alfonso de Urresti señaló que las exposiciones realizadas por académicos y exautoridades durante la comisión reforzaron las dudas sobre la constitucionalidad del proyecto.

Según el parlamentario, algunas normas podrían generar consecuencias patrimoniales para el Estado y, además, entrar en conflicto con principios establecidos en la Constitución.

De Urresti agregó que distintas organizaciones, incluidos representantes del sector empresarial, también manifestaron reparos respecto del contenido de la iniciativa, situación que —afirmó— fortalece la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional una vez avance su tramitación legislativa.

Asimismo, insistió en que las normas ambientales deberían discutirse en un proyecto independiente y no formar parte de una ley destinada a la reconstrucción nacional.

Oposición presenta 22 indicaciones

El senador Ricardo Celis destacó el trabajo conjunto desarrollado entre las distintas bancadas de oposición para elaborar las indicaciones.

A su juicio, los temas ambientales deben debatirse exclusivamente en la Comisión de Medio Ambiente y no incorporarse dentro de una iniciativa de mayor alcance, argumentando que la protección ambiental requiere un análisis técnico y legislativo específico.

Críticas al mecanismo de compensaciones

Por su parte, el senador Diego Ibáñez centró sus cuestionamientos en la norma que contempla indemnizaciones cuando una autorización ambiental es anulada.

El parlamentario sostuvo que dicho mecanismo no tendría precedentes internacionales y advirtió que podría transformarse en un incentivo que traslade al Estado los costos derivados de proyectos cuyos permisos sean posteriormente invalidados.

Según Ibáñez, esta disposición debilita la protección ambiental y podría significar un riesgo para las finanzas públicas al establecer compensaciones financiadas con recursos fiscales.

Debate legislativo continúa

La discusión en la Comisión de Medio Ambiente continuará durante las próximas semanas, mientras el Ejecutivo busca avanzar en la tramitación de la megarreforma de reconstrucción.

Sin embargo, el anuncio de un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional anticipa un escenario de mayor controversia política y jurídica, especialmente respecto del equilibrio entre agilizar proyectos estratégicos para la reconstrucción y resguardar los estándares de protección ambiental establecidos en la legislación chilena.