Damnificados del megaincendio presentan querellas contra el ministro Poduje por demolición de viviendas en El Olivar

La reconstrucción tras el megaincendio que afectó a Viña del Mar en 2024 enfrenta un nuevo capítulo judicial. Ocho familias damnificadas presentaron querellas criminales contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; el seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz; y el director regional del Serviu, Rodrigo Muñoz, acusándolos de diversas irregularidades relacionadas con la paralización de obras y la eventual demolición de viviendas en el sector de El Olivar.

Las acciones judiciales buscan que la Fiscalía investigue la legalidad de las resoluciones que mantienen detenida la entrega de aproximadamente 170 viviendas sociales, muchas de ellas con avances de obra que, según los querellantes, fluctúan entre un 95% y un 98%.

Acusan resoluciones basadas en documentos irregulares

El abogado Juan Andrés Pavez, representante de las familias, sostiene que las decisiones adoptadas por las autoridades se fundamentan en documentos cuya validez es cuestionada por los afectados.

Las querellas invocan presuntos delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación de instrumento público y uso malicioso de instrumento público, solicitando que se determine si existieron actuaciones ilegales durante el proceso que derivó en las órdenes de demolición.

Según el representante de las familias, la situación mantiene a decenas de personas sin poder acceder a viviendas que consideran prácticamente terminadas, obligándolas a continuar viviendo como allegados mientras esperan una resolución definitiva.

Entre los afectados, señala, existen adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y familias con niños, quienes enfrentan un prolongado proceso de incertidumbre habitacional.

Informes técnicos abren el debate

Uno de los principales cuestionamientos de los querellantes apunta a la necesidad de demoler las viviendas.

De acuerdo con la acción judicial, diversos especialistas —entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura Cristián Castillo—, así como informes técnicos elaborados por el Idiem y encargados por la propia autoridad, no habrían recomendado la demolición de los inmuebles, sino otras alternativas de intervención.

Sobre esa base, las familias buscan que la investigación determine si las resoluciones administrativas se ajustaron a los antecedentes técnicos disponibles.

Un conflicto que suma nuevos antecedentes

Las nuevas querellas se agregan a la acción presentada en junio por la entidad patrocinante Social Arquitectura, empresa que también recurrió a la justicia contra las mismas autoridades.

En esa causa se cuestionan las resoluciones que ordenaron la demolición de parte de las viviendas, argumentando que algunas de ellas no presentaban observaciones técnicas que justificaran esa medida y que su destrucción implicaría un perjuicio para el Estado.

Paralelamente, las familias mantienen pendiente la resolución de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante el cual buscan suspender cualquier demolición mientras los tribunales resuelven el fondo del conflicto.

La reconstrucción, nuevamente bajo escrutinio

El caso vuelve a poner en el centro del debate el proceso de reconstrucción posterior al megaincendio, uno de los mayores desafíos habitacionales enfrentados por la Región de Valparaíso en las últimas décadas.

Mientras las autoridades sostienen que las decisiones buscan garantizar la seguridad de las futuras viviendas, los afectados cuestionan tanto los fundamentos técnicos como la legalidad del procedimiento, trasladando ahora la controversia al ámbito penal.

Será la Fiscalía y los tribunales quienes deberán determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en un proceso que mantiene en suspenso la entrega definitiva de decenas de soluciones habitacionales destinadas a familias que aún esperan cerrar uno de los capítulos más difíciles tras la tragedia de 2024.