“Hay prácticas que hoy están normalizadas y el próximo año serán ilegales”: la advertencia de las Proptech ante nueva ley de datos

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales, prevista para diciembre de 2026, comienza a generar alertas en industrias intensivas en manejo de información, como el mercado inmobiliario y Proptech, donde diariamente circulan datos financieros, comerciales y personales entre inmobiliarias, corredores, brokers, bancos y plataformas tecnológicas.

La normativa reemplaza el antiguo marco regulatorio de la Ley 19.628, crea la Agencia de Protección de Datos Personales y establece nuevas exigencias respecto al tratamiento, almacenamiento y uso de información de clientes. Entre las sanciones contempladas se incluyen multas de hasta 20.000 UTM en casos gravísimos, y hasta el 4% de los ingresos anuales en caso de reincidencia.

Para James Collado, cofundador y CTO de JetBrokers.io, uno de los principales impactos de la ley será el cambio cultural que deberán enfrentar las empresas del ecosistema inmobiliario.

“Hay prácticas que estuvieron normalizadas durante años y que con la nueva ley simplemente ya no se podrán hacer. Por ejemplo, no se podrán compartir datos de personas con terceros sin su consentimiento explícito. Toda transferencia o uso de datos, incluso para perfilamiento financiero, requerirá que el cliente lo autorice expresamente”, afirma.

En resumen: ahora se necesitará consentimiento explícito para guardar, usar o compartir datos personales. Las empresas, como inmobiliarias, ya no podrán almacenar datos indefinidamente, enviar marketing sin permiso, compartir información con terceros ni negar el derecho de los clientes a borrar sus datos. Todo uso de datos requiere informar y pedir consentimiento al cliente.

El ejecutivo sostiene que el rubro inmobiliario es particularmente sensible debido a la gran cantidad de información que interviene en una compraventa, como datos personales, antecedentes financieros, historial crediticio, reservas, cotizaciones y documentación asociada a financiamiento.

“Cada cotización, reserva o evaluación financiera implica tratar datos personales. Y ahora las empresas tendrán que justificar con claridad para qué usan esos datos y quién puede acceder a ellos”, explica.

Uno de los principales cambios que introduce la legislación es el fortalecimiento del consentimiento explícito de las personas para el uso de su información, así como mayores derechos de acceso, rectificación y eliminación de datos.

Según Collado, esto obligará a revisar prácticas históricas de la industria, donde buena parte de la gestión comercial ha funcionado mediante planillas, correos electrónicos, cadenas de WhatsApp y sistemas desconectados.

“El hecho de que una empresa almacene datos de una persona no significa que pueda hacer cualquier cosa con ellos. Ese es probablemente el cambio más profundo que trae esta ley”, señala.

Desde el ecosistema Proptech advierten que este nuevo escenario también acelerará la modernización tecnológica del sector inmobiliario, impulsando plataformas capaces de entregar mayor trazabilidad, seguridad y control sobre el flujo de información entre los distintos actores involucrados en una operación.

“El principal desafío no es tecnológico, sino mental. La industria tendrá que entender que los datos pertenecen a las personas y que existen límites respecto a cómo pueden utilizarse”, comenta Collado.

El ejecutivo, de origen español y con experiencia trabajando bajo normativas europeas GDPR, asegura que Chile está avanzando hacia estándares similares a los que ya operan en mercados internacionales más desarrollados en materia de privacidad y protección de datos.

“La tecnología puede ayudar a hacer procesos más rápidos y eficientes, pero siempre respetando el consentimiento y la voluntad del comprador. Ese equilibrio será clave para la industria en los próximos años”, concluye.