Proyecto inmobiliario en Campo Dunar reabre debate sobre desarrollo urbano y protección ambiental

El proyecto inmobiliario Alto Santorini volvió al centro de la discusión pública tras las declaraciones de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien cuestionó que aún existan iniciativas que busquen desarrollarse en el entorno del Campo Dunar de la Punta de Concón, uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Región de Valparaíso.

La iniciativa, impulsada por Lote 21 SpA, contempla la construcción de un edificio de 15 pisos y 177 departamentos en un terreno colindante al Santuario de la Naturaleza. El proyecto representa una inversión estimada en US$35 millones y fue diseñado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, encabezada por Víctor Quiroz, hermano del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Aprobación ambiental, pero litigio abierto

Uno de los principales hitos del proyecto ocurrió el 23 de junio, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso aprobó su Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), permitiendo que la iniciativa continuara su tramitación administrativa.

Sin embargo, la aprobación ambiental no puso fin a la controversia. El proyecto continúa enfrentando un proceso judicial iniciado en 2019 por organizaciones ciudadanas, entre ellas la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Yarur Bascuñán, que buscan invalidar el permiso de edificación otorgado en 2017, argumentando que originalmente fue aprobado sin someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El debate sobre las dunas

Desde el municipio de Viña del Mar recuerdan que tanto la Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema establecieron previamente que las obras no podían ejecutarse sin una evaluación ambiental, requisito que finalmente fue cumplido con el ingreso del proyecto al SEIA. No obstante, las acciones judiciales continúan pendientes de resolución definitiva.

El caso vuelve a instalar un debate recurrente en el desarrollo inmobiliario chileno: cómo compatibilizar la inversión privada con la protección de áreas ambientalmente sensibles, especialmente en territorios donde confluyen presión urbana, alto valor paisajístico y restricciones normativas.

Un caso que también abre un debate sobre probidad

La discusión adquirió además una dimensión política debido a que el diseño arquitectónico del proyecto fue realizado por una oficina liderada por el hermano del ministro de Hacienda. En los últimos meses, distintos sectores han cuestionado la omisión de ese vínculo familiar en la Declaración de Intereses y Patrimonio del secretario de Estado, en medio de la tramitación de iniciativas legales que inciden sobre el sector inmobiliario. Desde el Gobierno no se ha establecido una relación entre el proyecto Alto Santorini y las decisiones administrativas adoptadas durante su evaluación ambiental.

Mientras la controversia continúa en los tribunales, el caso Alto Santorini se mantiene como uno de los proyectos inmobiliarios más observados del país, reflejando la creciente tensión entre desarrollo urbano, certeza regulatoria, protección ambiental y confianza pública en los procesos de aprobación de grandes inversiones.