La Ley del Mono no resuelve la crisis habitacional, pero sí puede devolver certeza a miles de familias

Mientras el debate sobre la crisis habitacional suele concentrarse en la construcción de nuevas viviendas, existe un problema menos visible que afecta a miles de familias chilenas: vivir en una casa que existe físicamente, pero que legalmente nunca terminó de existir.

Ampliaciones construidas sin permiso, segundos pisos levantados con el paso de los años, cierres de patios o viviendas autoconstruidas forman parte de una realidad extendida en el país. En muchos casos no se trata de informalidad deliberada, sino de familias que crecieron, necesitaron más espacio y resolvieron sus necesidades sin completar una tramitación que, para muchos, resultó costosa, compleja o simplemente desconocida.

En ese contexto, el proyecto que modifica la denominada Ley del Mono representa una señal positiva. La iniciativa busca ampliar el plazo para regularizar viviendas hasta 2029, elevar el avalúo fiscal permitido de 1.000 a 2.000 UF y aumentar la superficie máxima desde 90 a 120 metros cuadrados. Si finalmente se aprueba, permitirá que un número importante de propietarios pueda normalizar la situación legal de sus inmuebles.

Sin embargo, conviene poner la discusión en perspectiva.

Regularizar una vivienda no equivale a crear nueva oferta habitacional. Tampoco resolverá el déficit de viviendas ni sustituirá las políticas necesarias para aumentar la construcción. Su verdadero aporte está en otro ámbito: entregar seguridad jurídica a familias que hoy enfrentan dificultades para vender, heredar, acceder a financiamiento o incluso postular a determinados beneficios por no contar con la documentación correspondiente.

En un país donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complejo, la certeza jurídica también constituye una forma de protección patrimonial.

No obstante, la eventual ampliación de la ley también plantea desafíos importantes. Las Direcciones de Obras Municipales deberán enfrentar un aumento significativo en las solicitudes de regularización, lo que exigirá capacidad técnica y recursos suficientes para evitar que los tiempos de respuesta terminen frustrando el objetivo de la reforma.

Asimismo, es fundamental recordar que la iniciativa no constituye un "perdonazo". Ninguna vivienda quedará automáticamente regularizada. Cada propietario deberá acreditar que su construcción cumple las condiciones mínimas de seguridad, estabilidad, habitabilidad y resistencia al fuego establecidas por la normativa vigente. Esa exigencia no solo protege a quienes habitan esas viviendas, sino que resguarda el desarrollo ordenado de las ciudades.

La discusión también abre una oportunidad para fortalecer el rol de arquitectos, revisores independientes y profesionales especializados en regularización de propiedades, quienes probablemente tendrán una participación creciente si el proyecto se transforma en ley.

Chile necesita construir más viviendas, acelerar permisos, generar suelo urbano y recuperar la inversión inmobiliaria. Pero también necesita resolver las deudas administrativas acumuladas durante décadas.

La modernización de la Ley del Mono no solucionará la crisis habitacional, pero puede corregir una anomalía que afecta a miles de familias: vivir en una propiedad que es su hogar, pero que aún no está plenamente reconocida por el Estado. En tiempos donde la seguridad patrimonial adquiere cada vez mayor importancia, avanzar en esa dirección parece una decisión razonable.