En Chile, los humedales representan ecosistemas clave que no solo aportan a la biodiversidad, sino que también cumplen funciones fundamentales como la regulación del ciclo del agua, la captura de carbono, y la protección contra inundaciones.
Sin embargo, durante años han sido objeto de degradación y destrucción debido al avance de proyectos inmobiliarios, industriales y agrícolas, que ponen en riesgo su existencia. Ante este panorama, la legislación en torno a la protección de humedales en Chile ha sido una de las principales herramientas para intentar frenar su desaparición, aunque no sin enfrentar desafíos.
La Ley N° 21.202, promulgada en 2020, fue un paso significativo hacia la protección de los humedales urbanos en el país. Esta normativa otorgó a los municipios la facultad de solicitar la protección de estos ecosistemas dentro de sus límites, lo que a su vez refuerza su conservación ante el avance de proyectos que podrían impactar negativamente su equilibrio ecológico.
Esta ley se centra principalmente en los humedales urbanos, lo que ha dejado fuera de su alcance a los humedales rurales, que representan una gran porción del total en el país.
En enero de 2023, se aprobó el reglamento que regula esta ley, estableciendo criterios técnicos más claros para determinar cuáles humedales califican como sujetos de protección. Este reglamento busca asegurar que las intervenciones en estos ecosistemas se realicen bajo estrictas normativas, exigiendo estudios de impacto ambiental en caso de cualquier proyecto que afecte directamente a un humedal.
A pesar de los avances normativos, el desafío sigue siendo su implementación efectiva. Organizaciones medioambientales han denunciado que en varios casos, los humedales continúan siendo vulnerables frente a actividades económicas, debido a la falta de fiscalización o a vacíos legales que permiten que proyectos se realicen bajo excepciones. La construcción, el avance urbano y la falta de gestión en algunas áreas rurales continúan siendo los principales factores que afectan la preservación de estos espacios.
El gobierno del presidente Gabriel Boric ha manifestado su interés en fortalecer la protección de los humedales, alineándose con los compromisos internacionales adquiridos por Chile en cuanto a la protección de ecosistemas vulnerables.
No obstante, el reto está en cómo implementar políticas de protección más integrales que no solo consideren los humedales urbanos, sino también los rurales, y que aseguren que las industrias cumplan con los requisitos legales y ambientales que se les impongan.
El futuro de los humedales en Chile depende, en gran parte, de la conciencia colectiva sobre su importancia, tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía. Si bien se han dado pasos importantes a nivel legislativo, aún queda un largo camino para que la normativa actual sea suficiente para garantizar la protección de estos ecosistemas frente al crecimiento económico y la expansión urbana.
