Protección tarifaria eléctrica: el debate que enfrenta la urgencia de aliviar las cuentas de la luz con los riesgos para el sistema

La discusión sobre el precio de la electricidad vuelve a instalarse en el centro del debate económico. Tras años de congelamientos tarifarios, reliquidaciones pendientes y un creciente endeudamiento del sistema eléctrico, el Gobierno impulsa el proyecto de Ley de Protección Tarifaria Eléctrica, una iniciativa que busca amortiguar el impacto de las alzas en las cuentas de los consumidores y, al mismo tiempo, normalizar el funcionamiento del esquema tarifario.

No obstante, el proyecto ha abierto un intenso debate entre especialistas, quienes valoran la necesidad de corregir las distorsiones acumuladas, pero advierten que varias de las soluciones propuestas podrían terminar profundizando los problemas estructurales del sistema en lugar de resolverlos.

Un análisis elaborado por Libertad y Desarrollo sostiene que la iniciativa constituye un avance al reconocer la necesidad de ordenar el sistema tarifario, aunque plantea que las medidas contempladas responden más a una solución política que económica, al postergar el pago de las deudas en vez de resolver su origen.

Una deuda que sigue creciendo

El principal problema que enfrenta hoy el sistema eléctrico tiene su origen en los retrasos acumulados en la fijación de distintas tarifas reguladas.

Uno de los casos más relevantes corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), cuya actualización para el período 2020-2024 se publicó con 43 meses de retraso. Como consecuencia, los clientes continuaron pagando tarifas antiguas mientras se generaba una deuda cercana a los $800 mil millones con las empresas distribuidoras. A ello se suma un nuevo retraso en la fijación correspondiente al período 2024-2028, que también continúa acumulando obligaciones pendientes.

Situaciones similares afectan la actualización de tarifas de transmisión y de los sistemas medianos de la zona austral, donde también se han acumulado importantes reliquidaciones producto de demoras administrativas.

La propuesta: diferir el pago hasta 2035

Para evitar que esas reliquidaciones se traduzcan en fuertes aumentos inmediatos en las cuentas de electricidad, el proyecto propone incorporar toda la deuda al denominado Saldo de Normalización Tarifaria (Saldo NT), financiado mediante un nuevo cargo que comenzaría a cobrarse entre 2028 y 2035.

Este mecanismo contempla un cobro adicional de $5 por kilowatt-hora para los clientes finales, el que convivirá con otros cargos ya existentes destinados a financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas (FET). Además, la Comisión Nacional de Energía podría ajustar dicho cargo si los recursos resultan insuficientes para cubrir las obligaciones del fondo.

Para los autores del informe, extender el plazo de pago permite aliviar el impacto inmediato sobre los consumidores, pero no aborda el problema estructural que originó la deuda.

Subsidios focalizados en lugar de nuevos congelamientos

Uno de los principales cuestionamientos apunta a que el proyecto continúa privilegiando mecanismos de estabilización tarifaria en lugar de permitir que los precios reflejen los costos reales del servicio.

Según el análisis, los aumentos tarifarios registrados durante 2024 eran necesarios para corregir las distorsiones generadas por años de congelamientos. Sin embargo, volver a postergar esos ajustes implica seguir acumulando deuda que finalmente terminará siendo financiada por los propios usuarios del sistema.

En esa línea, el documento plantea que la alternativa más eficiente consiste en sincerar las tarifas y complementar ese proceso mediante subsidios permanentes y focalizados para los hogares más vulnerables, financiados con recursos fiscales y no con nuevos cargos incorporados en las boletas eléctricas.

El caso de Los Ríos y Los Lagos

Otra de las medidas que genera cuestionamientos corresponde al congelamiento de tarifas para las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectan incrementos cercanos al 19% por concepto de generación y transmisión eléctrica.

El proyecto propone evitar temporalmente esas alzas, pero trasladando posteriormente el costo al resto de los clientes regulados del país.

Desde la perspectiva del informe, esta medida introduce un trato diferenciado basado únicamente en la magnitud del aumento tarifario y genera nuevas obligaciones que deberán ser financiadas por todos los consumidores, profundizando la dependencia de mecanismos de estabilización.

Renegociar contratos: un precedente que preocupa

La iniciativa también abre la posibilidad de que, por una sola vez y de manera voluntaria, las empresas puedan renegociar contratos de suministro eléctrico vigentes para reducir los precios que pagan los clientes regulados.

Aunque el mecanismo contempla el acuerdo de todas las partes, el informe advierte que la sola intervención de la autoridad podría generar presiones sobre negociaciones entre privados y sentar un precedente complejo para futuros contratos de inversión.

Calidad del servicio versus control tarifario

Uno de los capítulos más debatidos del proyecto corresponde al nuevo esquema para financiar inversiones en distribución eléctrica.

La propuesta habilita al Ministerio de Energía para aprobar planes especiales de inversión destinados a mejorar la calidad del servicio, cuya remuneración sería incorporada posteriormente a las tarifas eléctricas durante un período de 20 años.

Si bien el informe reconoce que resulta positivo incentivar inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica, advierte que este mecanismo podría debilitar uno de los pilares históricos del sistema regulatorio chileno: el modelo de "empresa eficiente", diseñado para impedir que las ineficiencias de las distribuidoras sean traspasadas directamente a los consumidores.

Además, se alerta sobre el riesgo de generar negociaciones directas entre empresas y autoridad, aumentando la discrecionalidad regulatoria y la posibilidad de remunerar inversiones que ya se encuentran contempladas dentro del régimen tarifario vigente.

El desafío de equilibrar protección y sostenibilidad

La discusión legislativa refleja una tensión permanente en la política energética: proteger a los consumidores frente a alzas tarifarias sin comprometer la estabilidad financiera del sistema ni desincentivar las inversiones necesarias para mejorar la calidad del suministro.

Para los especialistas, el proyecto representa una oportunidad para ordenar las distorsiones acumuladas durante los últimos años, pero requiere ajustes que permitan evitar que los costos simplemente se posterguen hacia el futuro. La principal recomendación apunta a reemplazar los mecanismos generalizados de estabilización por subsidios focalizados, fortalecer la institucionalidad regulatoria y preservar un modelo tarifario que incentive la eficiencia, garantizando al mismo tiempo un servicio eléctrico sostenible y de calidad para los próximos años.