Reconstrucción Nacional enfrenta una nueva disputa por el crédito: Cámara respalda veto a límites sobre intereses y deudas

El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social abrió un nuevo frente de debate en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó los tres vetos supresivos presentados por el Gobierno, eliminando disposiciones que habían sido incorporadas durante la tramitación de la iniciativa y que modificaban las reglas para el crédito, el tratamiento de información financiera y los acuerdos de pago.

La decisión no es menor para el mercado financiero ni para las pequeñas empresas. Las normas eliminadas abordaban precisamente algunos de los puntos más sensibles de una operación crediticia: cómo pueden acumularse los intereses, cuánto tiempo puede permanecer una deuda en los registros y qué plazo pueden acordar las empresas para pagar sus obligaciones.

Ahora será el Senado el que deberá pronunciarse sobre las observaciones presidenciales.

El anatocismo vuelve al centro del debate

La primera observación presidencial elimina el artículo 32 del proyecto, que establecía una prohibición absoluta del anatocismo, es decir, del cobro de intereses sobre intereses o de su capitalización en determinados vencimientos o renovaciones.

La propuesta fue aprobada por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones.

El debate trasciende la discusión técnica sobre las operaciones de crédito. Para quienes respaldaron el veto, impedir de manera absoluta este mecanismo podría terminar encareciendo el financiamiento y restringiendo el acceso al crédito.

Desde la oposición al veto, en cambio, la argumentación apunta al riesgo de que una deuda pueda crecer de manera sostenida producto de la acumulación de intereses, afectando principalmente a quienes tienen menor capacidad financiera.

El derecho al olvido financiero queda en suspenso

La segunda observación elimina el artículo 39, relacionado con el denominado derecho al olvido financiero.

La norma establecía que los responsables del tratamiento de información financiera debían eliminar de sus registros internos o de aquellos comunicados a terceros determinadas deudas impagas o extinguidas de personas naturales cuando hubieran transcurrido más de cinco años desde que la obligación se hizo exigible o desde su extinción.

La Cámara aprobó el veto con 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.

Aquí la discusión se instala en una pregunta clave para el sistema financiero: cuánto tiempo debe una deuda seguir afectando el historial de una persona y, al mismo tiempo, qué información necesitan las instituciones para evaluar correctamente el riesgo de crédito.

Las condiciones de pago también entran en disputa

El tercer veto elimina el artículo 40, que establecía una prohibición universal para pactar pagos superiores a 30 días.

La observación presidencial fue aprobada por 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.

Uno de los argumentos utilizados para respaldar la eliminación de esta norma apunta directamente a las pequeñas y medianas empresas. Para sus defensores, limitar los plazos de pago podría obligar a determinados negocios a recurrir a financiamiento bancario para cubrir períodos de operación que actualmente pueden sostener mediante acuerdos comerciales.

El punto adquiere especial importancia para sectores donde existe una diferencia considerable entre el momento en que una empresa debe pagar a sus proveedores y aquel en que recibe los recursos provenientes de sus propios clientes.

Dos visiones sobre quién termina pagando la cuenta

La votación dejó expuestas dos posiciones difíciles de conciliar.

Los parlamentarios que apoyaron los vetos calificaron las disposiciones eliminadas como medidas “populistas” y advirtieron que podrían terminar aumentando el costo del crédito. Desde esta perspectiva, mayores restricciones sobre los mecanismos financieros reducirían las alternativas disponibles para quienes necesitan financiamiento y podrían afectar especialmente a las pymes.

Quienes rechazaron las observaciones sostienen exactamente lo contrario: que las normas incorporadas durante la tramitación buscaban entregar mayor protección a personas y empresas con menor capacidad de negociación.

El punto de fondo es quién debe asumir el costo de esa protección.

Por un lado, está la necesidad de evitar que las deudas se vuelvan difíciles de controlar o que los antecedentes financieros condicionen indefinidamente el acceso al crédito. Por otro, aparece el argumento de que cualquier restricción al funcionamiento del mercado crediticio puede terminar trasladándose a las tasas, las condiciones de financiamiento o los requisitos para acceder a un préstamo.

El Senado tendrá la última palabra

Con la aprobación de los tres vetos en la Cámara, la discusión entra ahora en una nueva etapa.

El Senado deberá pronunciarse sobre las observaciones presidenciales y definir si estas disposiciones quedan definitivamente fuera del proyecto o si el Congreso mantiene su posición respecto de las normas aprobadas durante la tramitación.

Más allá del resultado legislativo, el debate revela una tensión que seguirá presente en el mercado: cómo aumentar la protección de quienes enfrentan dificultades financieras sin terminar encareciendo el crédito para quienes necesitan acceder a él.

En un escenario donde el costo del financiamiento sigue siendo determinante para hogares, emprendedores y pequeñas empresas, la discusión sobre el anatocismo, el historial financiero y los plazos de pago está lejos de ser solamente jurídica. También es una discusión sobre quién puede acceder al crédito, bajo qué condiciones y cuánto cuesta equivocarse financieramente.