Vivienda: ampliar el subsidio no basta

El Gobierno ingresó al Congreso una iniciativa que propone extender hasta mayo de 2028 el subsidio a la tasa de interés y las garantías estatales del Fogaes para quienes buscan comprar su primera vivienda. La propuesta amplía además el universo de potenciales beneficiarios, permitiendo que propiedades de hasta 6.000 UF puedan acceder al mecanismo.
La medida llega en un momento particularmente relevante para el mercado inmobiliario. Durante los últimos años, miles de familias han visto cómo el acceso al crédito hipotecario se vuelve más difícil, mientras las condiciones financieras y el precio de las viviendas tensionan la capacidad de compra.
Por eso, reducir el costo del financiamiento es una buena noticia. Una menor tasa puede significar una cuota mensual más abordable y, para determinadas familias, la diferencia entre poder o no concretar la compra de una vivienda.
Pero sería un error confundir una mejor condición de financiamiento con una solución definitiva al problema habitacional.
El desafío es más profundo.
Si el Estado facilita el acceso al crédito, pero la oferta de viviendas continúa siendo insuficiente, los precios siguen elevados y los proyectos enfrentan altos costos de suelo, permisos, construcción y financiamiento, parte importante del esfuerzo público puede terminar trasladándose nuevamente al precio final de las propiedades.
La política habitacional no puede descansar únicamente en subsidiar la demanda. También debe preocuparse de generar las condiciones para que exista una oferta suficiente, diversa y acorde con la capacidad de pago de las familias.
Elevar el límite a 6.000 UF puede incorporar a nuevos segmentos al mercado, especialmente a familias que hoy quedan fuera de los programas destinados a viviendas de menor valor. Sin embargo, también resulta necesario preguntarse si ese nuevo universo está acompañado por una oferta real de proyectos que puedan ser adquiridos por quienes reciben el beneficio.
Los 30 mil nuevos beneficiarios representan una oportunidad, pero también una responsabilidad. Cada subsidio debe traducirse efectivamente en una vivienda y no convertirse simplemente en una mayor capacidad de compra frente a una oferta limitada.
El mercado inmobiliario necesita señales de largo plazo. Necesita certezas para invertir, acelerar proyectos y generar nuevas viviendas. Y necesita, al mismo tiempo, que las familias recuperen la confianza de que comprar una propiedad no es una meta reservada exclusivamente para quienes cuentan con ingresos muy altos.
El subsidio puede ser parte de la solución. No puede ser toda la solución.
Chile necesita recuperar el equilibrio entre financiamiento, precio, oferta y capacidad de pago. Porque el verdadero éxito de una política habitacional no debería medirse solamente por cuántas personas reciben un beneficio, sino por cuántas familias logran finalmente abrir la puerta de su primera vivienda.
El desafío, ahora, es que esos 30 mil nuevos beneficiarios no sean solo 30 mil nuevos postulantes, sino 30 mil nuevas familias que efectivamente puedan convertirse en propietarias.
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